Gloria Cohen (Corresponsal del Pollo Urbano en Argentina)

     El nuevo escenario internacional marcado por los elevadísimos precios del petróleo y de los alimentos (cereales, oleaginosas y carnes, entre otros) viene generando conflictos en diversas partes del mundo.

    Los lectores españoles han tenido una muestra de ello con la huelga de transportistas ocurrida recientemente debido al alza del petróleo.

    En Argentina, el conflicto con el campo tuvo su comienzo el 11 de marzo y, durante 101 días se sucedieron intermitentemente períodos de protesta con treguas en una ardua pugna entre el Gobierno y el sector agrario.

    La suba de los precios internacionales de las principales oleaginosas (soja y girasol) y cereales (trigo y maíz) podría haber sido una excelente noticia para los agricultores argentinos. Pero, con el objetivo de evitar el encarecimiento de los precios internos de los alimentos, el Gobierno de la entonces casi flamante Presidenta Cristina Fernández de Kirchner dictó el 11 de marzo la polémica Resolución 125 del Ministerio de Economía elevando los derechos de exportación (las denominadas "retenciones") de estos granos.

    En el caso de la soja, el principal cultivo del país, el porcentaje del precio internacional "retenido" por el gobierno se elevó al 44 % y con características móviles, es decir que el tributo se incrementa a medida que aumenta el precio (antes regían retenciones fijas, del 35 % para el poroto de soja). La soja concentra la mitad de la superficie agrícola del país, desplazando a otras actividades como la ganadería y los bosques nativos; la iniciativa oficial busca desalentar a la soja para promover una mayor diversificación de la producción agraria.

    Pero, esta medida encendió la mecha en las pampas argentinas. Desde el campo alegaron que iban a desaparecer muchos pequeños y medianos agricultores y que se iba a agudizar el proceso de concentración de tierras; que muchos esperaban compensar con las ganancias de la soja los pobres resultados económicos que les deja la carne, la leche y el trigo (cuyos mercados se encuentran parcialmente intervenidos para evitar la suba de precios al consumo interno). Ya en el plano legal señalaron que la medida elevaba los impuestos hasta hacerlos confiscatorios, así como que las retenciones son cobradas por el Estado Nacional y no son redistribuidas a las Provincias (como sí lo es el impuesto a las ganancias) con lo que se produciría un notable rezago del interior y de sus áreas rurales.

    Desde el Gobierno, se resaltó el egoísmo y la avaricia del sector que no quiere redistribuir las rentas extraordinarias obtenidas gracias a estos exorbitantes precios internacionales para evitar la pobreza y el hambre de otros argentinos. Asimismo, la Presidenta comprometió los fondos extras que se recauden con el nuevo nivel de "retenciones" a la construcción de hospitales, viviendas populares y caminos rurales. Y atribuyó el rechazo a la medida, y las protestas que generó, a los sectores que buscan desestabilizar al gobierno y generar un golpe de estado institucional.
Ambas partes se mantienen firmes en sus posiciones desde el 11 de marzo.

    A partir de esa fecha, las entidades rurales aglutinaron sus fuerzas, con el apoyo de una importante masa de ruralistas autoconvocados que sostuvieron desde las bases el reclamo, plasmado en cientos de piquetes a la vera de las rutas y en la entrada de los pueblos.
Además hubo períodos de tiempo en los que se interrumpió la comercialización o de alimentos en general o sólo de productos granarios.

    Los transportistas se sumaron a la caótica situación durante el largo conflicto en distintas oportunidades, en una confusa cadena de adhesiones pues ciertos grupos se opusieron y otros apoyaron los reclamos ruralistas.

    En los momentos más álgidos del conflicto hubo desabastecimiento en las grandes ciudades, los alimentos se encarecieron y, ante la mirada hambrienta de muchos, hubo que tirar leche y verduras podridas.

    Tampoco faltaron las demostraciones de fuerza: la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó varias concentraciones masivas en la Plaza de Mayo y los ruralistas juntaron entre 200.000 y 300.000 personas en la ciudad de Rosario en la fecha patria del 25 de mayo.

    Durante el fin de semana largo del 14 al 16 de junio se vivieron horas de tensión. Varios ruralistas fueron arrestados al costado de la ruta, entre ellos el dirigente Alfredo De Angeli, lo que produjo la movilización en su apoyo de los habitantes del pueblo cercano de Gualeguaychú y, un par de días después se produjeron importantes cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires y en otras del interior del país como Córdoba y Rosario.

    Finalmente, la Presidenta decidió enviar la polémica Resolución ministerial y su paquete de normas complementarias para su ratificación en el Congreso Nacional. Luego de nuevas manifestaciones de fuerza, marchas y contramarchas, en total 101 días de encarnizado conflicto, los ruralistas accedieron a liberar las rutas y a levantar los piquetes para que así el debate se instale primero en la Cámara de Diputados y pase luego al Senado.

    El conflicto mudó entonces su escenario dispuesto a dar la batalla final en el Congreso y, sus inmediaciones se convirtieron en el patio trasero del debate. En la denominada Plaza de los dos Congresos (en el kilómetro cero del país), se instalaron distintos tipos de carpas: en un principio hubo seis en adhesión al Gobierno y una a favor del campo. Entre las variadas adhesiones que logró nuclear la denominada "carpa verde del campo" confluían terratenientes, pequeños y medianos chacareros, estudiantes de agronomía, representantes de partidos de izquierda y de derecha, y piqueteros urbanos no oficialistas (pues los hay también oficialistas).

    Salvo un confuso incidente en el que un joven ruralista sufrió una herida cortante en su abdomen, la convivencia entre las carpas oficialistas y la carpa del campo resultó buena. Incluso, el primer día jugaron un partido de rugby en césped de la plaza.

    También se levantaron grandes muñecos inflables: una pingüina, en referencia a la Presidenta Cristina y un toro por la otra parte.

    Luego apareció otra carpa del Movimiento al Socialismo (MAS) en una ubicación intermedia entre las carpas oficialistas y la del campo, y más carpas también… la de los pueblos originarios que buscan recuperar sus tierras y la de los evangelistas que intentan solucionar el conflicto con la oración… Con el curso de los días, se fue la carpa del campo y en su lugar los piqueteros no oficialistas levantaron otra para continuar con el reclamo de los pequeños y medianos agricultores.
El conflicto tiene final abierto al momento. Pues los ruralistas amenazan con nuevas protestas si el proyecto de ley enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo se aprueba sin modificaciones. Su aspiración de máxima es volver a la situación anterior al 11 de marzo (retenciones fijas para la soja del 35 %), aunque se presume que podrían considerarse conformes con variantes intermedias y con un paquete integral de políticas para el sector.

    Luego de tantos años, las materias primas alimentarias vuelven a ser valiosas en el comercio internacional, como a comienzos del siglo XX cuando Argentina era considerada "el granero del mundo". Un mundo que vuelve a necesitar imperiosamente de alimentos y cuyos precios internacionales trepan en una escalada tan veloz que no nos dio el tiempo suficiente como para debatir y generar consensos en una forma menos traumática sobre cómo redistribuir internamente la renta extraordinaria generada por las exportaciones de granos.