“Que en Alemania uno sea atacado por defender que aquél que trabaja tiene que tener más que el que no lo hace es socialismo mental”. Palabras de Guido Westerwelle (FPD), ministro de Exteriores alemán y socio liberal de la canciller Angela Merkel. En unas declaraciones publicadas el pasado viernes por el diario regional Passauer Neuen Presse, Westerwelle cargaba sin tapujos contra el reciente fallo del Tribunal Constitucional sobre el actual sistema que fija la ayuda social conocida popularmente como Hartz IV: el subsidio para parados de larga duración y unidades familiares sin ingresos.

    Según el tribunal, el sistema de cálculo es poco transparente y las ayudas, insuficientes para garantizar un mínimo existencial digno. Por tanto, el sistema es “inconstitucional”, pues choca contra el artículo 1 de la Carta Magna. Todo un varapalo jurídico a una de las columnas vertebrales del plan de recortes sociales introducido en 2005 por el Gobierno rojiverde del ex canciller Schröder. Actualmente, los adultos solteros desempleados de larga duración reciben 359 euros mensuales. Las unidades familiares sin ingresos, 646 euros, más una ayuda por cada hijo que oscila entre los 215 y los 287 euros. Alrededor de 6,5 millones de personas viven exclusivamente del Hartz IV (1,7 de ellas niños).

    A pesar de que la sentencia del Constitucional no establece una cifra concreta de dinero, parece claro que Berlín se verá obligado a desembolsar más dinero de una manera u otra, aunque no sea con un aumento directo del Hartz IV. La Agencia Federal de Empleo calcula que un incremento de los 359 a los 420 euros mensuales supondría 10.000 millones de euros adicionales para los presupuestos públicos. Además, y dados los bajos sueldos de algunos sectores, ese aumento también provocaría un probable crecimiento del desempleo voluntario: no trabajar saldría más económico que hacerlo por sueldos míseros.

    Teniendo en cuenta las firmes intenciones del FDP de aplicar sus prometidas rebajas fiscales, y la no menos firme posición del ministro de finanzas, Wolfgang Schäuble (CDU), de recortar los gastos públicos a partir de 2011 en busca del equilibrio presupuestario, la reacción de Westerwelle parece comprensible: la decisión del Constitucional estrecha aún más el margen para bajar los impuestos. Merkel, a través de una portavoz, se desmarcó la semana pasada de las declaraciones de su socio. El Gobierno tiene hasta el próximo 31 de diciembre para reformar el sistema de ayuda asistencial: la decisión del Constitucional amenaza hasta entonces con abrir nuevas grietas en la coalición de conservadores y liberales.