Eugeni García ha dirigido un informe al Departamento de Medio Ambiente en el que expone que la línea de incineración de la planta incumple varias normativas y pone en riesgo la salud de los trabajadores

    El director de la planta de IDALSA en Pradilla de Ebro, Eugeni García, ha denunciado la situación ilegal y altamente contaminante de la línea de incineración de su empresa.

    En un documento de siete páginas dirigido al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón el pasado 10 de abril, García explica que el Consejero Delegado y accionista mayoritario de IDALSA, Miguel Ángel Lizaur, le ocultó durante más de diez meses que la línea de incineración de la planta "incumple de forma grave las normativas vigentes de Industria, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales".

    Ibérica de Aleaciones Ligeras (IDALSA) es una empresa dedicada a la recuperación de materiales de aluminio mediante fusión, incluida en el Anexo I de la Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

    Según García, la línea de incineración de residuos no está aceptada ni dada de alta en el Registro de Industria, ya que tras su instalación en 2006, Miguel Ángel Lizaur "prohibió iniciar los trámites de obtención de los permisos para no poner de manifiesto una instalación ilegal". Algo parecido ocurre respecto a la Autorización Ambiental Integrada (AAI), otorgada a IDALSA por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). Según la denuncia de Eugeni García, Lizaur ocultó deliberadamente la existencia de la línea de incineración, haciéndola pasar por una mera deslacadora, con el propósito de obtener la AAI sin problemas.

    Aunque lo más grave es que la línea de incineración de IDALSA supone un gran riesgo para los trabajadores de la planta. Según la denuncia formulada por García, "los fabricantes de este tipo de maquinaria desaconsejan su uso para la aplicación atribuida por IDALSA", ya que no es capaz de alcanzar los 850 ºC necesarios para eliminar las dioxinas y furanos resultantes del proceso de combustión. La consecuencia es que estos compuestos altamente contaminantes y cancerígenos permanecen en el ambiente en el que desarrollan su trabajo los operarios de la planta.

    García afirma en su denuncia que cuando tuvo conocimiento de la situación, se dirigió a Lizaur para buscar una solución al problema, clausurando temporal o definitivamente la línea de incineración que estaba poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. La respuesta textual del socio mayoritario fue -según el Director General- la siguiente: "Me he gastado mucho dinero para que cuatro políticos de mierda y cuatro funcionarios lameculos me digan lo que tengo que hacer".

    Todos los esfuerzos realizados por la redacción de EL POLLO URBANO para contrastar con Miguel Ángel Lizaur estas informaciones, han resultado infructuosos. El propietario de IDALSA se ha refugiado en el silencio, remitiendo a los medios a una futura rueda de prensa que, al cierre de esta edición, todavía no se ha celebrado.

    Otros problemas en IDALSA

    En 2006, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) detectó que IDALSA estaba contaminando un barranco anexo a sus instalaciones, por lo que inició un expediente sancionador contra la empresa, al tiempo que la requería para que solucionase el problema.

    En julio de 2007, EL POLLO URBANO se hacía eco de una denuncia formulada por Los Verdes - SOS Naturaleza Aragón contra el vertedero de residuos de IDALSA en Pradilla. Según la organización ecologista, la empresa almacenaba al aire libre las escorias salinas procedentes de la utilización de sales fundentes en el proceso de fundición del aluminio, lo cual suponía un grave riesgo para el ecosistema de la zona.

    A pesar de todas estas deficiencias, el 23 de noviembre de 2007 el INAGA concedió a IDALSA la Autorización Ambiental Integrada, válida para cinco años, otorgándole permiso para mantener su vertedero y sin haber revisado las instalaciones de incineración de la planta.

    Últimas actuaciones

    Como consecuencia de la denuncia hecha pública por Eugeni García, el INAGA decidió inspeccionar (esta vez, sí) las instalaciones de IDALSA. Durante la visita de las inspectoras realizada el 17 de abril, el responsable de medio ambiente de IDALSA, Vicente Benito López, trató de convencerlas de que la deslacadora se encontraba funcionando al 15% de su capacidad por encontrarse en periodo de pruebas. Esto contrasta con lo expuesto por el Director General de la planta, Eugeni García, en la denuncia que presentó ante el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

    El informe de las dos inspectoras enviadas, al que ha tenido acceso esta redacción, señala que "la instalación de pretratamiento y deslacado no ha sido contemplada dentro del condicionado" de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), concedida por el INAGA el 23 de noviembre de 2007, por lo que se "ordena la parada controlada y posterior precinto de la instalación".

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