El primer grupo aragonés
de medios de comunicación por internet |
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EL
CASO PROGEA
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NOTA
DE LA REDACCIÓN:
Justo después de
que la Justicia Ordinaria ha considerado que El
Pollo Urbano, en ejercicio de su libertad
de expresión y opinión, estaba legitimado
para publicar la información relativa al
Caso Progea, y teniendo en cuenta que desde hace
tres meses no se actualizaba esta página
por carencia de novedades sobre el asunto, es ahora
cuando sin presiones, sin achantarnos ni acobardarnos
ante las fuerzas del Imperio del Euro, decidimos
retirar de nuestra web todas las sátiras
y chascarrillos respecto a Don Miguel Ángel
Loriente, Don Pedro Olloqui, Don Francisco Herrera,
Don José Enrique Cortés y Don Francisco
Pasarín, tras constatar que su sentido del
humor es aún menor que su sentido de la lealtad.
La Justicia nos ha dado
la razón, y por eso, vamos a dejar en esta
página un resumen de todo lo que hemos publicado
en El Pollo Urbano
desde julio de 2004 acerca del Caso Progea, junto
a otros documentos que consideramos de interés:
la demanda que Grupo Progea SA interpuso contra
nosotros, la brillante contestación a la
misma de nuestro abogado D.
Wenceslao Gracia Zubiri, la
sentencia que respaldó nuestro derecho a
la libertad de expresión y de opinión,
y por último, la repercusión que ha
tenido el Caso Progea en otros medios de comunicación.
Muchas gracias a todas y
todos los que nos apoyaron en este pleito.
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La
demanda que nos puso Progea
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Nuestra
contestación a la demanda
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La
sentencia final
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Resumen de las informaciones publicadas en
"El Pollo Urbano" sobre el Caso Progea
Por Jacinto Murillo y Bernabé
Hoffmann
Esta historia comienza en 1992.
El felipismo conoce en España su periodo de máximo
esplendor. La Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos
de Barcelona, la capitalidad cultural europea de Madrid…
La euforia económica está disparada por
todo el país. Además, el comunismo acaba
de ser vencido en el este, y el capitalismo salvaje
se perfila como único modelo económico.
Son los tiempos del pelotazo engominado y del braguetazo
financiero.
Mientras tanto, un conjunto
de pequeñas empresas ligadas al cooperativismo
de vivienda social, e impulsadas desde hace años
por sindicatos y partidos políticos de la izquierda,
deciden reorganizarse. Su volumen de facturación
es tan grande que deben dotarse de una estructura empresarial
moderna y eficaz.
Se constituye así el
Grupo Progea, con una composición accionarial
dividida a partes iguales entre tres sociedades cartera:
Alfranca, Secipri y Ribera del Jalón. A finales
de 1992, el accionariado de cada una de estas tres sociedades
cartera queda distribuido del siguiente modo: Carlos
Luján (15,01%), Francisco Pasarín (15,01%),
Ignacio Blanes (9,20%), Angel Lo (6,45%), Manuel Lopez
(15,01%), José Benito (15,01%), Michel Buchser
(15,01%) e Inmaculada Merodio (9,20%).
La filosofía social del
Grupo establece que no se reparten dividendos, sino
que los beneficios obtenidos por la construcción
de viviendas sociales, se invierten en la edificación
de otras nuevas. Luján es el Presidente de Progea
y junto a él se encuentra permanentemente el
notario que suele encargarse de los papeles del grupo,
José Enrique Cortés Valdés, que
gracias a la relación de amistad que le une a
Luján, es una especie de consejero personal y
empresarial del Presidente de Progea.
Durante los diez años
siguientes, las cosas en el Grupo se desarrollan con
tranquilidad. El volumen de negocio va creciendo y las
cuentas se aprueban por unanimidad en las Juntas Universales.
No obstante, entre los accionistas se van perfilando
dos bloques. Uno de ellos está compuesto por
Luján, Pasarín, Blanes y Lo, que juntos
suman un 45,67% de las acciones, y por otro lado, López,
Benito, Buchser y Merodio, con un 54,23%. Este último
grupo afirma que ellos son meros testaferros del Partido
Comunista de España (PCE), y que la mencionada
organización es la propietaria legítima
de todo el grupo empresarial.
Luján y su proyecto social,
deberán enfrentarse a partir de aquí a
un peligro inesperado: su volumen de negocio es tan
grande que Progea se está convirtiendo en objeto
de deseo de ambiciosos y desleales. La facturación
anual es de varios miles de millones de pesetas y hay
mucha gente que no soporta verlos pasar ante sus narices
sin beneficiarse de ellos.
La situación se complica
a partir del año 2000, cuando a Progea van llegando
nuevos directivos no demasiado comprometidos con el
carácter social del proyecto. Miguel Ángel
Loriente, antiguo dirigente del PCE y exconcejal del
PSOE, llega a Progea, después de protagonizar
una escabrosa película empresarial en México.
En 2001 llega a Progea Francisco
Herrera, exportavoz del grupo municipal de Izquierda
Unida en el Ayuntamiento de Madrid, acompañado
de su Fundación de Iniciativas Locales (FIL),
que en ese mismo año abre una oficina en Zaragoza,
a escasos treinta metros de la sede del Partido Comunista
de Aragón (PCA-PCE).
Pedro Olloqui, antiguo liberado
a media jornada del PCA-PCE y directivo de Izquierda
Unida de Aragón, se arrima a Progea en 2002,
después de su breve aventura como Director de
la Oficina de Cooperación al Desarrollo del Gobierno
de Aragón, surgida al amparo de los pactos que
IU-Aragón mantuvo con el ejecutivo aragonés
de coalición PSOE-PAR entre octubre de 2001 y
junio de 2002.
En primavera de 2002, las tensiones
entre los dos bloques de accionistas están al
borde del enfrentamiento. A finales de mayo, Luján
recibe en su despacho un burofax que le instaba a convocar
a los Consejos de Administración de las tres
sociedades carteras para tratar una reordenación
de cargos en los mismos. El requerimiento venía
firmado por los consejeros Manuel López, José
Benito, Michel Buchser, Inmaculada Merodio y Francisco
Pasarín. Esto significaba que Pasarín
volvía a posicionarse con los autodenominados
"testaferros del PCE", debilitando la posición
de Luján en los Consejos de Administración
de las sociedades cartera del Grupo.
El Presidente de Progea reaccionó
y consiguió de nuevo el apoyo de Pasarín
a cambio de un contrato blindado de 15 millones de pesetas
anuales hasta la fecha de su jubilación y del
derecho a nombrar a la mitad de los consejeros de las
tres sociedades carteras de Progea.
Una vez aceptado este doloroso
peaje, Luján continuó haciendo gestiones
para hacerse con la mayoría accionarial de Progea.
Empezaba a vislumbrar que no todos sus colaboradores
eran leales hacia la finalidad social del grupo que
él defendía, aunque no sospechaba que
la traición estaba mucho más cerca de
lo que creía.
El 28 de agosto de 2002, y por
consejo del notario Cortés Valdés, Luján
adquiría a título personal las acciones
de uno de los testaferros del PCE, José Benito,
a cambio de 847.000 euros (más de 140 millones
de pesetas), que el Presidente de Progea obtuvo de varios
préstamos personales (VER
DOCUMENTO). Luján se iba endeudando
y eso lo hacía vulnerable, a pesar de que aparentemente
controlaba la mayoría accionarial de Progea,
junto con sus aliados Pasarín y Lo.
Mientras Pasarín nombraba
a la mitad de los consejeros de las sociedades cartera
en su persona y en las de Francisco Herrera y de Miguel
Ángel Loriente, la dirección del PCE,
inquieta por haber perdido la mayoría accionarial
en Progea después de que José Benito vendiera
sus acciones a Carlos Luján, enviaba el 16 de
septiembre un requerimiento notarial a Luján,
Benito, Pasarín, Blanes y Lo, para que pusieran
"a disposición del Partido Comunista
de España o de las personas que éste designe,
la totalidad de las acciones y/o participaciones en
las sociedades de los denominados grupos Progea y/o
Alfranca [...] que ostentan tan sólo en calidad
de fiduciarios" (VER
DOCUMENTO).
Ante el silencio de los destinatarios,
la dirección del PCE vuelve a la carga el 9 de
octubre de 2002, contratando a un bufete de abogados
madrileños para exigir a Luján que devolviese
su 30% de acciones del grupo al -según ellos-
legítimo propietario del mismo: el Partido Comunista
de España (VER
DOCUMENTO).
Todos estos movimientos generaban
en el grupo la inestabilidad que requerían los
planes conspirativos de Cortés, Herrera, Pasarín,
Loriente y Olloqui. El notario aconsejó a Luján
que veía necesaria una ampliación de capital
en Progea, con el objetivo de asfixiar económicamente
a los accionistas del bloque de los testaferros del
PCE, que -previsiblemente- no iban a ser capaces de
cubrirla.
El Presidente de Progea aceptó
el consejo de su amigo y en diciembre de 2002 se endeudó
en 60 millones de pesetas más para cubrir su
parte de la ampliación de capital. Los accionistas
del bloque minoritario hicieron lo propio, por lo que
los porcentajes quedaron como estaban antes. Esta peligrosa
situación era asumible para Carlos Luján
mientras siguiera cobrando su abultada nómina
como Presidente de Progea, pero… ¿qué
pasaría si esta situación cambiase de
repente?
Las cosas se iban enrareciendo
en Progea hasta límites insospechados. En 2003,
el miembro del Consejo de Administración Francisco
Herrera contrató a una empresa de detectives
para que investigasen al accionista del bloque minoritario
Michel Buchser (VER
DOCUMENTO), al tiempo que éste
mismo y su correligionaria Inmaculada Merodio se hacían
con el paquete accionarial de Manuel López, pasando
a poseer cada uno de ellos el 20% del grupo inmobiliario.
Por su parte, Carlos Luján adquiría las
acciones de su aliado Ignacio Blanes, con lo que el
Presidente de Progea ya era propietario del 39,26% del
Grupo.
La dirección del PCE
atacaba de nuevo y por medio de un burofax fechado en
noviembre de 2003, indicaban a Carlos Luján su
intención de vender el 40% que poseían
de Progea a la empresa, "EV
Equipamiento para la Vivienda SL" (VER
DOCUMENTO) a cambio de seis millones
de euros (1.000 millones de pesetas). Esta posible empresa
compradora forma parte del grupo
inmobiliario "Rosa Luxemburgo",
cuyos directivos son personas muy afines a la dirección
federal del PCE, según se explica en la respuesta
al burofax que dirigió Carlos Luján en
diciembre de 2003 a los remitentes Buchser y Merodio,
y a otros quince dirigentes estatales del Partido Comunista
de España (VER
DOCUMENTO).
Unos días más
tarde, el propio Secretario General del PCE, Francisco
Frutos, dirigía una carta notarial a Carlos Luján,
en la que afirmaba que Progea fue desde su origen una
propiedad del PCE, y que las personas que figuraban
como accionistas del grupo no eran sino meros fiduciarios
del Partido (VER
DOCUMENTO).
Pero el mayor peligro para Carlos
Luján y su proyecto de economía social
no venía del Partido Comunista, sino de sus propios
aliados. El notario Cortés había aconsejado
al Presidente de Progea crear una fundación a
la que todos los accionistas del bloque mayoritario
donasen sus acciones. La Fundación Progea se
convertiría desde ese momento en la propietaria
del 60% del Grupo, y Luján sería a partir
de entonces su Presidente vitalicio y representante
único.
Luján accede y con ello
se coloca la soga alrededor del cuello, ya que el notario
Cortés (en el que el Presidente del grupo confía
ciegamente) le propone un patronato para la Fundación
Progea compuesto por el propio Luján como Presidente
vitalicio, Francisco Pasarín y Ángel Lo
como patronos vitalicios (por ser donantes de acciones)
y por José Enrique Cortés, Francisco Herrera
y Pedro Olloqui como patronos no vitalicios.
Las tensiones se van acumulando
hasta explotar definitivamente el 1 de julio de 2004,
después de varios desencuentros en reuniones
previas entre los miembros del patronato. A primera
hora de la tarde, Pasarín, Loriente y Herrera
irrumpen en el despacho presidencial de Luján
y le comunican que le han cesado como presidente de
todas las sociedades cabecera del grupo. Luján
se da cuenta de que ha sido traicionado por su amigo
el notario, y abandona las oficinas de Progea ante una
inminente reunión "ad hoc" del patronato
de la Fundación Progea, convocada irregularmente
por no se sabe quién.
Los conspiradores se ponen en
contacto con Luján para ofrecerle todas las prebendas
imaginables a cambio de que legitime la nueva situación
y permanezca hasta su jubilación como Presidente
de la Fundación y del Grupo, a efectos exclusivamente
honoríficos, mientras los Cortés, Olloqui,
Loriente, Herrera y Pasarín determinan el rumbo
empresarial de Progea, y también el reparto de
los beneficios obtenidos.
Luján valora inicialmente
esta propuesta, considerando su situación de
endeudamiento a la que había llegado por consejo
de su antiguo amigo Cortés Valdés. No
obstante, decide rechazar el ofrecimiento y llevar ante
la Justicia a quienes le habían arrebatado el
control del grupo inmobiliario, siendo el principal
accionista del mismo. Los conspiradores reaccionan ante
su negativa con una reunión del patronato de
la Fundación Progea, en la que reorganizan a
su antojo todos los cargos directivos del grupo, despojando
a Carlos Luján de todas sus funciones al frente
del mismo (VER
DOCUMENTO).
A partir de aquí se desata
una auténtica batalla jurídica y empresarial,
plagada de ceses mutuos, querellas penales y acusaciones
cruzadas de falta de legitimidad. Los nuevos dueños
de Progea, se dirigen a la Fundación de Investigaciones
Marxistas (FIM) -organismo dependiente del PCE- para
comprarle el 40% del Grupo Progea, que poseía
desde hacía un mes, gracias a la donación
que en su beneficio otorgaron los accionistas Inmaculada
Merodio y Michel Buchser (VER
DOCUMENTO). Finalmente, el 20 de julio
de 2004, la FIM vende sus acciones a la Fundación
Progea, por valor de 4.657.843 euros, es decir, 775
millones de pesetas (VER
DOCUMENTO).
El Caso Progea sigue, a fecha
de hoy, todavía pendiente de resolución
judicial en los juzgados de la capital aragonesa.
ACTUALIZACIÓN
Nº 1 (11 de junio de 2007):
La Magistrado-Juez del Juzgado
de Instrucción número 4 de Zaragoza, Soledad
Alejandre Doménech, decreta un Auto de Sobreseimiento
provisional de la causa penal abierta contra Francisco
Pasarín, Miguel Ángel Loriente, Pedro
Olloqui, Francisco Herrera, José Enrique Cortés
y Julián Muro por no resultar debidamente acreditada
la comisión de los delitos que dieron origen
a la causa. Esta decisión fue apelada ante la
Audiencia Provincial de Zaragoza por los abogados de
Carlos Luján y sigue pendiente de resolución.
Más
información
Repercusiones
del Caso Progea en otros medios de comunicación:
El Periódico de
Aragón
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