Conocemos ahora el resultado de las deliberaciones y acuerdos de los 27 estados miembros de la Unión Europea en los últimos más de 2 años relativa al endurecimiento de las medidas de expulsión para los "inmigrantes ilegales". El resultado del Parlamento Europeo de la semana pasada ratifica la criminalización de la inmigración que guiará en este sentido, sin duda, la adaptación de las legislaciones estatales en esta materia.

    A la sorpresa sobre el anuncio del estudio de ampliación de la jornada laboral hasta cuotas, según los casos, de 65 horas, se une ahora la aprobación en el Parlamento de la Directiva de Retorno, en la que se endurece la normativa sobre inmigración.

    Desde CHA, no podemos sino mostrar nuestro total rechazo e indignación ante estas medidas cuyas consecuencias se irán viendo en los próximos meses pues comprobaremos cómo los estados miembros adaptan sin miramientos sus normas estatales bajo la premisa de la obligatoria adecuación europea.

    Para CHA lo que se acaba de aprobar es la Directiva Europea de la Vergüenza porque, entre otras cuestiones, vemos como la Europa de la Opulencia reacciona -en período de recesión- con violencia y represión ante algunas de las victimas del mundo desequilibrado e injusto. No han tenido suficiente con reducir las aportaciones en materia de cooperación al desarrollo los países miembros con los países del Tercer Mundo que ahora endurecen las medidas coercitivas y represoras contra sus ciudadanos.

    Es indignante constatar cómo se vulneran los Derechos Fundamentales de las personas que podrán ser retenidas hasta un año y medio en los centros de internamiento para inmigrantes hasta que se resuelva su expulsión. Con bastante probabilidad acabarán en la cárcel cuando se saturen los CIEs y eso por el sólo hecho de tener una falta administrativa (pues solamente eso es no tener papeles).

    La UE no tiene ningún problema en contrariar la Declaración de los Derechos Humanos en lo relativo al desplazamiento libre de personas o al derecho de elección de país de residencia (art. 13). Es más, lo hace con mucho cinismo al afirmar que la medida clarifica su situación legal.

    Es muy preocupante confirmar la tendencia a la represión y a la discriminación por motivos económicos que está desarrollando la Unión Europea, que apuesta por convertir en delincuentes a aquellos que hayan llegado a cualquiera de los 27 países miembros sea cual sea el motivo que les impulsó a ello (tanto los políticos, económicos, la hambruna o la situación de marginación en la que vivan). La inmigración lejos de ser un derecho es un delito.

    Por otro lado, observamos la inquina mostrada por los Eurodiputados con los menores a los que la normativa deja en el más absoluto desamparo al permitir su repatriación a un país distinto del de origen.

    Y habrá más consecuencias cotidianas: se dificulta la agrupación familiar, se impide el regreso en 5 años a los expulsados, a los menores se les podrá repatriar sin garantías de entrega ni siquiera a un familiar, presiones y persecución de los empresarios a los "sin papeles", etc….

    La aprobación pone además en evidencia una de las estratagemas más rastreras de los países miembros, quienes están tratando de legislar en Europa apoyando normativas que muchos de ellos saben que no pasarían la prueba en sus parlamentos nacionales. ¿Se imaginan ustedes que el PSOE en España se atreviese a presentar una normativa así en el Congreso de Madrid? Hablaríamos de su derechización.

    Quizás esta normativa sea una buena razón para hacer visible el fenómeno de la inmigración y resulte una provocación necesaria para que los colectivos de inmigrantes -que ni son todavía muchos ni muy considerados- puedan manifestar de una vez su opinión para convertirse en un necesario lobby de presión hacia los políticos que amparados en su "anonimato" en Europa pueden destruir a su antojo una Europa Social aún por construir.

    Encantados estarán todos esos aragoneses de Senegal, de China, de Marruecos o de tantos sitios que están construyendo Aragón (a pesar de no tener papeles), de que venga a explicarles en persona las razones para apoyar con su voto la Directiva de la Vergüenza la Eurodiputada del PSOE aragonés Inés Ayala, -que fuera responsable de Acción Social de UGT- y que es una de los 16 Eurodiputados del PSOE que apoyaron la Directiva.

    En definitiva, para Chunta Aragonesista, ésta no es la Europa que queremos.