Europa lleva un tiempo emulando al gigante americano y, por ello, restringiendo determinadas libertades. Primero, se cercenan las libertades de los foráneos y, con esa base, se terminará tarde o temprano recortando las libertades de los propios. Y sin libertades, el llamado del Estado del bienestar se desmoronará al fallarle los cimientos en los que se sustenta. Habrá caridad pero no habrá justicia.

    Existen dos factores que permiten que las sociedades no sólo acepten sino que incluso jaleen estas restricciones. Esos dos factores son el miedo y la insatisfacción. Los miedos al terrorismo, a la crisis, al paro, a no disponer de dinero para pagar la hipoteca, al inmigrante aparecen en todas las encuestas. En el fondo, la pregunta no debería ser qué le preocupa al ciudadano sino qué le asusta. A pesar de que las muertes por terrorismo son en los últimos años manifiestamente inferiores a las producidas por la violencia machista, por la violencia de bandas o tribus urbanas, por los errores médicos, por los accidentes provocados por canallas irresponsables, los europeos y los norteamericanos siguen centrando su miedo en la violencia terrorista, que sirve de coartada para cercenar libertades.

    Pero, como ya hemos señalado con anterioridad, existe otro factor determinante: la insatisfacción. La sociedad de consumo se basa en inducir insatisfacciones a los ciudadanos. Algunos jóvenes imberbes, que conocen la cultura del esfuerzo por las peroratas de sus padres, se manifiestan exigiendo una vivienda digna; algunos cincuentones pretenden entrar en los circuitos de la prejubilación o la invalidez; los empresarios consideran que reciben pocas ayudas; los agricultores entienden que su renta ha de proceder mayoritariamente de subvenciones directas o indirectas de la Administración y les perjudica tanto la sequía como la lluvia primaveral; los funcionarios consideran que el nivel profesional con el que accedieron, tras aprobar la correspondiente oposición, es insuficiente; los minusválidos quieren ser dependientes. El incremento exponencial del precio de la vivienda durante años era un desastre. El descenso que se avecina es otro desastre. Y la insatisfacción se propaga en un país de rentistas y subvencionados, en un país en el que los peluqueros se autodenominan empresarios y en el que los terratenientes se definen como agricultores.

    Y todo ello en el marco de unas leyes que cada vez reconocen más hipotéticos derechos sociales mientras la sanidad, la educación y la justicia están bajo mínimos. Es decir, los viejos y tradicionales servicios públicos, aquellos que permitieron consolidar las libertades y configurar el auténtico Estado del bienestar.

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